Los perdedores ya quieren enlodar el proceso electoral

La tendencia a hacer escándalos y taparlos con otros escándalos sigue siendo el modus operandi opositor. Hay casos en que llegan al absurdo de desconocer derechos fundamentales como la presunción de inocencia y como malos perdedores, terminan culpando al árbitro cuando los procesos que inician no los favorecen.

Es el caso de la denuncia presentada por el Movimiento Unidad Popular contra los asambleístas Marcela Aguiñaga, Bairon Valle y Mónica Brito y contra la concejal Lídice Aldaz. Con la actitud bochinchera que los caracteriza, los ex MPD, partido político desaparecido debido a la falta de respaldo popular, formaron un nuevo movimiento político. A falta de propuestas programáticas, su estrategia para sobresalir parece limitarse a acusar a dirigentes del Movimiento Alianza PAIS de incumplir con el Código de la democracia.

Más allá del debate sobre si realmente hubo promoción de candidaturas en la convocatoria de PAIS, está el hecho de que los acusadores deben presentar pruebas de las acusaciones. El principio de presunción de inocencia no es un invento de la Constitución de Montecristi, es un derecho que se ha universalizado para evitar abusos y falsas acusaciones.

En este caso particular, los acusadores no deberían alegar ignorancia, ya que los requisitos para presentar denuncias están en el Art. 84 del reglamento de trámites contencioso electorales. Pero aún si desconocieran el reglamento, cualquier persona con sentido común sabe que no debe formalizar acusaciones sin evidencias, como lo hicieron los de Unidad Popular.

Ante el incumplimiento del reglamento, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral archivó la causa y notificó a los acusadores. Baca estaba impedido de continuarla debido a que la parte acusadora no presentó las pruebas en el plazo previsto. El artículo 84 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal establece claramente que hay que presentar las evidencias que sustenten la denuncia al momento de presentarla. El plazo de dos días es para cuando los acusadores, por incompetencia o ignorancia, no hayan presentado la documentación completa.

Ahora, por sentido común, es de suponer que los acusadores truchos sí leyeron el artículo 84, pero aún sí decidieron presentar la denuncia incompleta para luego poder quejarse de la institución.

La #OposiciónTrucha, esa que lanza el lodo a cada oportunidad, aprovechó la oportunidad para atacar al Presidente del TCE. Lo acusaron de haber sentenciado a favor de los acusados, cuando lo que hubo en realidad es un archivo de la causa.

Lo "acusaron" de ser pariente de un funcionario del Gobierno, como si el parentesco con un empleado público lo inhabilitara legalmente. Incluso lo tildaron de "correista" sin sustentar esa "acusación".

Diario Expreso publicó una nota tendenciosa y sin contrastar. Registraron la versión de Geovanni Atarihuana, según la cual “Querían que, entre sábado y domingo, ellos completen esos documentos y los vengan a dejar personalmente a Quito. Simplemente no alcanzaba el tiempo”.Si Diario Expreso hubiera hecho periodismo serio, contrastando esa versión con la que el presidente del TCE dio a varios medios de comunicación, habría tenido que explicar que en época electoral todos los días son días hábiles y que los tiempos se estipulan en el código de la democracia. O mejor aún, habría bastado sentido común para reconocer que si alguien va a presentar una denuncia, debe tener las evidencias que la sustenten (eso lo explicó diario El Comercio en su noticia sobre el tema) y no ponerse a buscarlas después de denunciar. Esa es la manipulación mediática evidente. Habrá que ver si es por incompetencia de los periodistas y Editores de El Expreso o si es por mala fe.

Algunos odiadores del Gobierno iniciaron una cruzada para bullying en redes sociales sin más argumentos que el odio. El politiquero @DonBurroReal publicó "Ahí está!!! El poder, sobre todas las cosas!!! Que opinan ?" junto a una foto en la que acusó a Marcela Aguiñaga de usar fondos públicos para hacer proselitismo. No presentó evidencias ni contextualizó. Su tuit puede ser interpretado como un llamado al odio.


Opositores como DonBurro creen estar por encima de la ley y que los casos deben juzgarse como ellos quieren, sin importar que los acusadores a quienes auspician no hayan completado la denuncia conforme a la ley. En su tuit, DonBurro no demuestra que hubo uso de fondos públicos para hacer proselitismo, por lo tanto, lo que dice se perfila como injuria o cuanto menos, difamación. La ignorancia es atrevida.

Los de la #OposiciónTrucha saben que van a perder las elecciones. No sorprende el afán de desprestigiar a las entidades electorales para generar caos y confusión y justificar su fracaso y ausencia de propuestas.