la consulta

Hasta ahora, el SÍ gana a nivel nacional (excepto en las preguntas 4 y 9), pero pierde en varias provincias. Hay provincias en las que el SÍ gana en unas y el NO en otras, varios empates técnicos, e inconsistencias que aún impiden saber qué mismo pasó.

La aprobación al SÍ fue cayendo tanto, que si la campaña hubiera durado una semana más, seguramente el NO habría triunfado en algunas preguntas, y ahí es donde empieza el debate para algunos:

¿Qué hubiera pasado si Correa no recorría el país como sujeto político inaugurando obras y ofreciendo más obras? ¿No es acaso por eso que tuvo la alta votación?

¿Qué hubiera pasado si los twiteros ecuatorianos, en vez de decir "voten NO porque #odioacorrea", hubieran buscado argumentos y se hubieran dedicado a convencer a los demás con algo más que el mero odio?

¿Qué hubiera pasado si Abdalá Bucaram se hubiera juntado con los asambleístas, concejales y alcaldes del PRE para hacer campaña por el NO en sus respectivas jurisdicciones?

¿Qué hubiera pasado si Nebot no se sacaba la vuelta y hacía campaña como ciudadano en vez de hacer una declaración (y poco contundente)? Porque lo que dijo una vez, bien pudo decirlo cien veces.

¿Qué hubiera pasado si las bases de nebot hacían campaña, no como PSC o MG, sino como ciudadanos en vez de aparecerse a la hora de contar los votos? A lo mejor el NO habría tenido más votación, y no habría ganado solamente en los recintos pelucones.

¿Qué hubiera pasado si la oposición, en vez de quejarse por el uso de fondos públicos por parte de Correa, se hubieran dedicado a demostrar que su tesis era la correcta?

¿Qué hubiera pasado si el CNE hubiera impedido tantas entrevistas a Correa en los medios públicos e incautados y hasta en programas como "Granados en piyama"?

¿Qué hubiera pasado si la gente de la "prensa independiente", que trataron de ser actores políticos, hubieran dado el mismo tipo de entrevistas a gente que esté por el NO, pero con argumentos que permitieran a la ciudadanía definirse?

¿Qué hubiera pasado si la oposición tuviera figuras que inspiren confianza, y no representen un retroceso a lo que ya vivimos antes? Solo a Lucio Gutiérrez se le ocurriría acusar a Correa de querer tomarse la justicia, cuando a él lo barajaron por lo de la pichicorte.

A los analistas del NO sólo les falta preguntar ¿qué hubiera pasado si la abuelita de Correa hubiera sido virgen?

Pero no se trata ya de eso, aunque sin duda, algunas de esas preguntas deberían servir para darle al presidente y a algunos dirigentes de PAÍS un baño de humildad. Aunque lo parezca, no se trata de, como dijo Leonardo Vicuña, darle contra el piso a la oposición en Azuay (omitiendo el detalle de que el presidente visitó los cantones azuayos durante el cierre de campaña para evitar esa derrota), una "victoria de 10 a 0". O sí lo es, pero si recordamos que la intención era medir la popularidad del presidente, habría que aceptar que es más bien una derrota de 10 a 0, ya que en ninguna pregunta se gana con más del 50%, ergo, más de la mitad del país no creyó en la propuesta de Correa, y por un punto de diferencia (o incluso menos), es cuanto menos injusto imponer cambios que afectan a una mayoría que no los aprobó.

La vaca debe recordar la época en que fue ternera. Cuando éramos minoría, exigíamos que se respetara el criterio de las minorías, y ese triunfalismo prepotente de algunos debe cambiar. Hay que aceptar con humildad la victoria y tomar en cuenta la opinión de esa amplia minoría que no confió en la propuesta del presidente de meterle las manos a la justicia.

Eso solo se logra con transparencia. Permitiendo que los integrantes del CJ provisional, y quienes los nominen, sean personas íntegras e independientes. Permitiendo que aquellos que se opusieron a la propuesta de tomarse las cortes puedan ser veedores. Garantizando un proceso justo, de méritos y oposición, que garantice un sistema de justicia honesto e independiente. Aceptando las sugerencias de los demás a la hora de implementar los cambios impuestos por la #consultaec.

Para eso, es necesario que la oposición ponga como veedores a personas íntegras, que no tengan rabo de paja. No necesariamente de sus propias filas. En lo personal, me sentiría más seguro si en el proceso están ciudadanos como Alberto Acosta, Fernando Vega, Gustavo Darquea, María Paula Romo, u otros ciudadanos que generen confianza.

Pero la veo difícil. Tomando en cuenta el estilo de manejo político por parte de Doris Solís, lo más probable es que todo sea por imposición. Atrás quedaron los tiempos en que Ricardo Patiño llegaba a acuerdos en base al diálogo y al consenso.

Por ese mismo motivo, parece imposible un acuerdo revolucionario que permita el retorno de la gente de Montecristi Vive, Ruptura de los 25 y otros grupos o individuos que se abrieron de la Revolución Ciudadana en un acto de coherencia con sus ideales. Difícil será revolucionar la revolución desde adentro ahora que hay tanto infiltrado de la derecha en el Gobierno y en PAIS.

En los nuevos grupos que surjan, debe haber una opción que mantenga el péndulo en el lado izquierdo, garantizando la participación ciudadana, la independencia de poderes, el respaldo a las clases menos favorecidas, la recuperación del Estado y una verdadera lucha contra la corrupción. Lo que veo muy difícil es que desde la derecha pueda surgir una alternativa ideológica y programática, o figuras con una credibilidad mínima como para tumbar el proceso de Revolución Ciudadana.

Por cierto, algo que ya debe terminarse es esta democracia plebiscitaria sin un proceso previo de debate. Ni siquiera debería considerarse legítimo un proceso de consulta en el que la mayoría de los ecuatorianos no leyó los anexos, no tenía claras las preguntas, no tuvo un proceso de análisis y debate de las propuestas, y sobre todo, no superó con a la mitad más uno a quienes pensaban diferente. El resultado será legal, pero no legítimo, entonces solo cabe radicalizar la Revolución Ciudadana, pero ya no mediante la imposición, sino mediante el diálogo.

En cuanto a las bases de PAIS, deberían ahora sí, iniciar un proceso de fortalecimiento, formación y participación que permita empoderarse del proceso de Revolución Ciudadana para que no los tengan solamente para hacer barridos y pegar propaganda. No deberían aceptar otra consulta si no hubo previamente un proceso de debate de los temas a proponerse. No puede ser que el presidente incluya preguntas surgidas de fuera de PAIS, y no se haya tomado la molestia de preguntar a las bases si querían proponer al menos un tema para la consulta. A la Revolución Ciudadana aún le falta desarrollar ciudadanía.

Y lo más importante, si el presidente insiste en preguntar directamente al pueblo, quienes tengan propuestas deberían prepararse para una próxima consulta. Se me ocurren varios temas en los que ya debería iniciarse el debate, pero en serio:

• Despenalizar el aborto
• Despenalizar el uso de marihuana para fines de investigación y medicinales.
• Eliminar la figura del desacato para que termine la excusa de la majestad presidencial.
• Juzgar como adultos a adolescentes que violen y maten a sangre fría.
• No otorgar automáticamente la nacionalidad ecuatoriana a hijos de ecuatorianos nacidos en el exterior.
• Voto facultativo
• Prohibir la minería en gran escala, a cielo abierto, al menos donde haya pueblos y nacinoalidades que pudieran ser afectadas, bosques protectores, o reservas naturales
• Prohibir las prospecciones petroleras en Yasuní
• prohibir la TORTURA de animales en espectáculos públicos (para ahora sí respetar íntegramente los derechos de la naturaleza de la que ni los antitaurinos hablaron durante la campaña)
• Que se defina la situación de los medios públicos para que tengan su presupuesto sin depender del Gobierno.
• Despenalizar a empresarios que no afilien al IESS a sus empleados para que paguen multas y puedan mantener la empresa funcionando.

Y que conste que no estoy, necesariamente, a favor de ninguna de esas propuestas. Hay que debatir esos temas.

justicia

Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en que el sistema de justicia debe cambiar, que no es eficiente, que es corrupto con excepciones. Ni siquiera la partidocracia propone que se dejen las cosas como están. El problema es el cómo, el quién, la visión con la que deben darse estos cambios.

Para analizar el tema de la justicia, empezaré por la pregunta 5:

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

En el anexo, entre otras cosas, indica que los delegados del Consejo de la judicatura "serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana."

Actualmente, la constitución dice que "La designación de las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana. Se elegirán seis vocales profesionales en Derecho y tres profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y otras afines."

Con este cambio en la constitución surgen tres problemas gravísimos:

1.- El Consejo de la Judicatura será manejado por la Corte de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Presidencia y la Asamblea Nacional.

Con esto, se van al diablo la separación de poderes y su independencia. Bastará que un presidente (Correa o cualquier otro) tengas mayoría en la Asamblea Nacional y pueda captar cualquiera de las otras funciones (la defensoría pública, por ejemplo), para que tenga asegurado el manejo de la justicia. Es más, por el mero hecho de tener un representante, el partido político que tenga mayoría en la Asamblea Nacional y el presidente de la república (Correa o cualquier otro) estarán metidos en otra función.

Con respecto a la separación de poderes, recuerdo las palabras de Gina Godoy en la Asamblea Constituyente:

"...es pertinente señalar tres aspectos fundamentales en este texto, y es precisamente el principio de la división de poderes, la supremacía de la Constitución y el Estado como un orden jurídico"... "no podrían concentrarse en una misma persona o la misma corporación funciones que arriesguen la libertad y la confianza de sus gobernados"

Me pregunto qué dice Gina ahora con respecto a la división de poderes.

El artículo 168 de la Constitución dice claramente:

La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:

1.- los órganos de la funcion judicial gozaran de independencia interna y externa. Toda violación a este principio responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.

2.- Con esto, se van al diablo la separación de poderes y su independencia. Bastará que un presidente (Correa o cualquier otro) tenga mayoría en la Asamblea Nacional y pueda captar cualquiera de las otras funciones (la defensoría pública, por ejemplo), para que tenga asegurado el manejo de la justicia. Es más, por el mero hecho de tener un representante, el partido político que tenga mayoría en la Asamblea Nacional y el presidente de la república (Correa o cualquier otro) estarán metidos en otra función.

3.- La impugnación ciudadana deja de ser obligatoria y pasa a ser una "posibilidad".

El derecho al pataleo quedará para el twitter, los blogs y los medios de comunicación, pero se hará lo que decidan los nominadores.

Hacer un Consejo de la Judicatura más eficiente que el propuesto en la Constitución puede ser necesario (aunque el CJ de la Constitución vigente aún no haya tenido la oportunidad de fracasar). El problema es que esa propuesta de eficiencia viene en combo con una integración de la CJ que impide la separación de poderes e independencia de la función judicial. Puede que en otros países el presidente esté habilitado para poner a los jueces, pero en Ecuador la cancha ya la marcamos, y los poderes deben ser independientes.

Por eso, mi voto en la pregunta 5 es NO

La pregunta 4 dice:

¿Esta usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de Judicatura de Transición conformado por tres miembros designados, uno por la función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social para que en el plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?

Sin duda esta es la pregunta de cajón en toda la consulta. La que propició este proceso. Y la más peligrosa.

En la Constitución vigente, el anexo 20 dice que el Consejo de la Judicatura debe ser designado mediante un procedimiento previsto en la constitución, es decir, mediante concurso de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana en el que todos pueden participar.

El anexo de la pregunta 4 propone la creación de un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político.

Con esto, vuelve a perderse el principio de independencia de los poderes. Se vuelve a violar la Constitución. Y lo que es peor, en su intención de meter las manos en la justicia, el presidente arrastra a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana.

El anexo también dice:

"Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura."

Ya León Febres Cordero se tomó las cortes. Fabián Alarcón hizo lo mismo, y botaron a Lucio por su pichicorte.

Para los que quieren un cambio en la justicia, debe quedar claro que ya la Constitución tiene un mecanismo para que las cosas cambien: un concurso de méritos y oposición con veeduría ciudadana e impugnación. Este proceso debe ser manejado por el Consejo de Participación Ciudadana, que pese a las limitaciones económicas propiciadas por Alexis Mera.

Los ecuatorianos ya votamos por la instauración de un Consejo de Participación Ciudadana que se encargue de nominar a los integrantes del Consejo de Judicatura, y este sistema no ha fracasado, no se lo ha dejado funcionar.

A pesar de la cantidad de juicios que tiene, aún confío en el presidente Correa, pero no confío en Alexis Mera ni en la gente que pueda estar detrás de este afán de tomarse las cortes. Y la verdad, confío más en Marcela Miranda que en el Presidente, y prefiero que sea el Consejo de Participación Ciudadana el que elija mediante un concurso transparente a los delegados del CJ.

Por eso, en la pregunta 4, mi voto es para el NO.

Eliminar los juegos de azar

Pregunta:

2.¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

Se dice que esta medida evitará el lavado de dinero, pero ¿Acaso los casinos en Las vegas no informan cuando alguien apuesta mucho dinero? ¿No deberían estar las instancias de control asegurándose de que no haya lavado de dinero? Hay que darle seguimiento a la gente que va a tirar su plata a esos lugares, cruzar información con el SRI, etc.

Si mañana se establece que los narcotraficantes usan taxis o locales de venta de helado de paila para lavar dinero, ¿van a prohibir también los taxis y los helados de paila? ¿Y si descubren que se lava dinero en la taquilla de los estadios, conciertos o exposiciones de arte contemporáneo?

En las discotecas, la gente consume alcohol (como en los casinos), pierde el tiempo (como en los casinos), se aleja de su familia porque no se permite el ingreso a menores de edad (como en los casinos), y al final, no le queda nada material, solo la diversión (como cuando van a un casino).

La mayoría de los adolescentes y jóvenes va a discotecas. ¿Hay que prohibir también las discotecas? Y ojo, que casi lo mismo se puede decir del cine, el fútbol, y hasta de los conciertos de tecnocumbia. ¿Más ejemplos? Billar, cuarenta, desfiles de moda...

Hay quienes dicen que al cerrar los casinos, se cerrará el paso a uno de los problemas que afectan la salud de nuestra sociedad, pero hasta ahora no he visto una sola estadística, sólo declaraciones del Ministerio de Salud afirmando que la ludopatía es un problema de salud pública.

Desde el punto de vista de la salud pública, si se pretende prohibir algo para evitar problemas a la población, deberían prohibir lo que afecta más y sí está al alcance de todos y todas (alcohol, cigarrillos, reggaetón y programas de farándula). Pero a ningún político en su sano juicio se le ocurriría hacer eso por la obvia razón de que nunca va a ganar el SÍ si consulta eso.

Tampoco hay evidencias de que, al igual que La Droga, el alcohol, el cigarrillo o la pertenencia a pandillas, afecte principalmente a grupos vulnerables. Si es por cuestiones de salud, entonces ¿Por qué no se mocionó como tema de consulta la prohibición en esos temas?

Se dice que esta medida evitará que algunos desperdicien su sueldo y luego no tengan cómo alimentar a sus familias. Lo que esa gente haga o deje de hacer con su plata es su problema, sobre todo si a nosotros no nos afecta. Si se establece que tiene problemas de ludopatía, lo que cabe hacer en esos casos en vez de prohibir es darles prevención y atención en salud. ¿Qué ha hecho el Gobierno en cuanto a prevención con el problema de la ludopatía? ¿existe al menos una iniciativa pública del MSP para acabar con ese supuesto problema de salud pública?

Lo peor de todo es que si a los ludópatas se les cierran los casinos, seguirán apostando, sea a los resultados del clásico del astillero, en los bingos que organizan las iglesias, comprando el pozo millonario, por internet, o en casinos ilegales, situación que podría incrementar los casos de sicariato en el país.

Y ojo, que también hay que tomar en cuenta el derecho al trabajo de quienes están en ese submundu. Algunos dicen que esa gente hace mal en vivir de la miseria de otros, pero con ese argumento, ¿No deberían prohibir también los restaurantes de comida rápida?

Lo que sí afecta a los menores de edad son las maquinitas tragamonedas que hay en cada pueblo, muchas veces cerca de las escuelas. No se necesita una consulta popular para eliminar ese problema, sólo voluntad política. Pero de ganar el SÍ, esos juegos, que sí afectan a los menores, van a continuar. Nada se hace por terminar con ESE problema.

No voy a casinos ni salas de juego. Me parece terrible que haya máquinas tragamonedas al alcance de los niños y niñas, pero de ganar el Sí, este problema no va a desaparecer.

Esta es la pregunta en la que más convencido estoy, y votaré NO.

Penalizar la no afiliación

La quinta pregunta de la Consulta Popular dice:

5. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

De entrada, debemos preguntarnos por qué no va un patrono a afiliar a sus empleados, si es un derecho irrenunciable garantizado por la Constitución.

Puede haber varias respuestas:

a.- El negocio no genera suficientes ingresos.- En ese caso, tendrá que contratar menos personal de planta, y aumentar el trabajo ocasional en temporada alta. Esto servirá a los operadores turísticos, propietarios de almacenes en navidad y día de la madre, o a los productores de calzado al inicio de temporada escolar. Los comerciantes minoristas tendrán que quedarse sin personal, o ser más eficientes y generar más ingresos.

Será complicado para familias de bajos ingresos que necesitan a alguien que les ayude a cuidar infantes o para que arreglen todo, pero no pueden pagar los 264 dólares mensuales. Tendrán que hacer como las grandes empresas o instituciones públicas: contratar empresas especializadas para que realicen actividades específicas, que sí tendrán que encargarse del tema de la afiliación.

En esos casos, un solo empleado podría encargarse de más de una casa, y podría haber menos empleo. Hay que recordar que solo 13 mil de las 257 mil empleadas domésticas en este país están afiliadas. A parte hay unas 750 mil personas en otras áreas que tampoco están afiliadas.

Entre los no afiliados, hay choferes y oficiales de buses, vendedores, albañiles, pintores de brocha gorda, actores, maquillistas, trabajadoras sexuales, dealers, artesanos, etc.

b.- No le da la gana.- Considera que el capital es más importante que el trabajo, y que el salario es suficiente. En vista de que no podrá reducir el salario, y que tendrá que afiliar a sus empleados para no ir preso, le tocará contratar menos personal o volverse más eficiente.

c.- No hay partidas.- La educación pública y la salud han recibido en este Gobierno una de las más altas inversiones de la historia, pero no es suficiente debido al abandono en que han estado. El Gobierno tiene fuera del IESS a miles de maestros y trabajadores de la salud, y de ganar el SÍ, tendrá que asumir la responsabilidad de afiliar a todos.

Esa medida beneficiará al IESS en cuanto a ingresos, pero deberá invertir más para atender a ese millón de nuevos afiliados y sus hijos menores de seis años, además de mejorar la atención de los que actualmente siguen necesitando una mejor atención. Y ojo, que el IESS también está realizando importantes inversiones en lo que le compete.

El tema de la penalización ya fue analizado y bloqueado en la Asamblea Nacional. Una de las excusas era que actualmente las leyes ya contemplan sanciones y formas de cobro para quienes no afilien a sus empleados: Si un trabajador no está afiliado por unos meses o años se liquida el tiempo de servicio, sus intereses y multas que el patrono tiene que pagar, caso contrario, se cobra por la vía coactiva y el consiguiente remate de sus bienes o de los fondos de su cuenta corriente en los bancos.

El problema es que no siempre se aplica debido a que los empleados no quieren que la empresa quiebre ni que el jefe los baraje por reclamones o por chirez. La culpa la tienen el Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS, por no convencer a la gente de que denuncie, o por no actuar de oficio.

La normativa debe establecerse en la Asamblea Nacional, debido a que la mayoría de los ecuatorianos aprobó en la Nueva Constitución la penalización del incumplimiento de obligaciones, fraudes, simulación y enriquecimiento injusto en materia laboral. Lo dice el Art. 327 de la Constitución vigente. Es innecesario preguntar lo mismo otra vez en una consulta.

En ese sentido, me pregunto en qué estaban pensando los de la Corte Constitucional cuando permitieron que se consulte sobre ese tema. ¿Acaso no leyeron la constitución? ¿Qué dijo Nina Pacari al respecto? ¿Revisaron el Art. 327?

A mí ya me preguntaron si quería penalizar el incumplimiento de obligaciones laborales. Le toca a la Asamblea Nacional cumplir con este mandato. Da igual que gane el SÍ, porque este tema ya es de cumplimiento obligatorio.

Hubiera preferido debatir sobre esta pregunta. A lo mejor se daban cuenta de que era innecesaria y aprovechaban para proponer otra cosa. Lamentablemente, no se consultó a las bases sobre las preguntas para consulta y referendum.

Por eso, mi voto es NULO.