1. La Constitución prohíbe la privatización del agua (Art. 318) y determina que la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria, por tanto la Ley de Recursos Hídricos debe establecer, entre los mecanismos para proceder a la desprivatización de la gestión del agua, la reversión de la concesión de INTERAGUA.
2. En 1997, para facilitar la concesión impulsada por el Municipio de Guayaquil, en manos del Partico Social Cristiano, el Estado Ecuatoriano se endeudó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD$40 millones, de estos USD$20 millones fueron utilizados en la rehabilitación del sistema operativo, USD$4 millones en consultorías y USD$16 millones en la “compra de renuncias” de los empleados de ECAPAG. Los ecuatorian@s todavía debemos USD$28,421,052.62 de este crédito.
3. La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), en su informe presentado al país el 20 de noviembre del 2008, concluye que esta concesión así como el contrato de crédito que financió su implementación están viciados de ilegalidades e ilegitimidades, producto de una serie de condiciones inaceptables para el país e incumplimientos del contrato de concesión. El informe determina que ECAPAG declare la caducidad del contrato de concesión con INTERAGUA.
4. Los parámetros del cumplimiento de la Normativa Ambiental contractual no son aceptables, para el año 8 (2009) sólo está programado llegar a tratar el 20% de las Aguas Servidas producidas, y peor aún la concesionaria ha cumplido con sólo el 11% de tratamiento primario (retención y licuado de sólidos) de estas aguas. Para este 2do. Quinquenio de contrato no están programadas más Inversiones para este rubro.
5. La falta de tratamiento de las aguas residuales y la contaminación al medio ambiente por parte de INTERAGUA, ha provocado problemas de salud pública. Así, en el año 2005, cuando se produjo un brote de hepatitis A, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción determinó que el agua potable de Guayaquil no era “apta para el consumo humano”. Pruebas adicionales de laboratorio realizadas en hogares del Guasmo Sur confirmaron estos hallazgos. Actualmente, Guayaquil sufre una crisis sanitaria por falta de agua potable y alcantarillado en sus barrios pobres.
6. El contrato no garantiza cobertura de servicio en zonas marginales y ninguna obra nueva de alcantarillado pluvial.
7. La concesión otorgada a INTERAGUA no ha representado un mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en Guayaquil, por el contrario ha significado un impacto en la población de bajos ingresos debido al incremento sostenido de tarifas (189% desde la concesión), ocasionado por una estructura tarifaria cuya finalidad es garantizar la rentabilidad de la Empresa.
8. Según reportes de ECAPAG, INTERAGUA cortó el servicio de agua a 32.204 familias guayaquileñas. 98.585 familias no han podido pagar las deudas del agua. Esto atenta contra el derecho de acceso al agua y el derecho a la salud.
9. El MIDUVI determinó que las tarifas de agua y alcantarillado que cobra INTERAGUA, son consideradas subjetivas, excesivas, ilegales, ilegitimas y que afectan a los más pobres.
10. Las estimaciones de INTERAGUA por ausencia de micro medición de la entrega del servicio de agua potable son subjetivas, excesivas y aplicados en sectores marginales.
11. En el proceso de distribución de agua potable, INTERAGUA pierde un 65,4% de lo producido, afectando significativamente al costo de producción con impacto directo en la tarifa.
12. INTERAGUA incluye en el cálculo del costo de la tarifa distorsiones tales la incorporación de los impuestos y participación de los trabajadores (de las utilidades) como parte del factor de actualización, elevando su costo y generando beneficios financieros injustificados a su favor.
13. La Concesión implicó el despido de 1.600 empleados al margen de las estipulaciones del contrato colectivo y graves denuncias de presión para conseguir las “renuncias voluntarias” de los trabajadores, violando así su derecho al trabajo proclamado en el Art. 49 de la Constitución.
14. En los ocho años vigentes de la concesión, ECAPAG ha levantado 179 cargos de infracción a INTERAGUA que han dado lugar a sanciones pecuniarias por incumplimiento del Reglamento Interno de Manejo del Servicios.
15. INTERAGUA recibió de ECAPAG más de USD$5,56 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos, monto que no fue invertido en nuevas conexiones de agua potable ni en la contratación de un fideicomiso para administrar tales fondos como lo exigía el contrato de concesión.
16. INTERAGUA incumplió sus obligaciones contractuales para la rehabilitación y ampliación de los servicios durante el primer quinquenio de concesión, siendo multada con 1’500.000 dólares y 5’135.000 dólares, en los años 2007 y 2008, respectivamente. Estas multas sobrepasan cinco veces lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato de concesión que dispone la “terminación y caducidad del contrato por culpa de la concesionaria”.
17. INTERAGUA NO INVIERTE UN SOLO CENTAVO DE SU BOLSILLO y toda la inversión proviene de fondos del Estado (Municipio, ICE, CEM); y se apropia del dinero de la recuperación de la tarifa para poner la como inversión suya.
18. INTERAGUA ha facturado por concepto de alcantarillado y depuración de aguas 160’543.167 dólares, mientras que la inversión realizada en alcantarillado ha sido sólo de 43’165.806 dólares, es decir invierte sólo el 28% de lo que ha cobrado por este servicio.
19. Un informe de Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República sugiere a la Superintendencia de Compañías investigar quienes son los accionistas de EQUIDOR S.A. “quienes contribuyeron a obtener la concesión del servicio público de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Guayaquil a favor de International Water Services Interagua C. Ltda y que por ese concepto recibieron 175.000 dólares, además de un honorario de 300.000 dólares anuales por los 10 primeros años de la concesión y a partir del año 11 recibirán 150.000 USD”. Actualmente, apareciendo como EQUIVIAL, EQUIDOR tiene el 24.5 % de las acciones de INTERAGUA y no aparece en los registros del SRI como contribuyente.
20. Conforme una encuesta realizada por el MIDUVI, el 81% de la población de Guayaquil estaría de acuerdo en eliminar la concesión a INTERAGUA, si con esto se reducen las tarifas de agua potable, se mejora la calidad del servicio y la cobertura.
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POR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, CALIDEZ Y SIN FINES DE LUCRO PARA TOD@S
OBSERVATORIO CIUDADANO DE SERVICIOS PUBLICOS GUAYAQUIL
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