¿Creen ustedes que dos compañías como Occidental y Encana olvidaron la lectura de la norma del contrato de participación que les exigía solicitar autorización del Ministerio de Energía para realizar el traspaso de acciones? ¿Creen que los abogados de estas compañías no revisaron decenas de veces el contenido del contrato y conocían exactamente el procedimiento a seguir para llevar adelante la transferencia que negociaban? Pues yo estoy segura de que sí leyeron lo que mandaba el contrato y me atrevería también a afirmar que los abogados extranjeros de esas empresas les sugirieron cumplir con los requisitos y pedir del Ministerio la aprobación correspondiente. Ahí entra mi duda: será que en ese momento algún abogado en el Ecuador les dijo “no te preocupes hermano, yo luego pido el permiso, el presidente es mi amigo, el ministro es mi amigo, ese Ministerio es mío”.¿No serán esos mismos abogados que, seguros de sus influencias y su capacidad de incidir en el Gobierno y la opinión pública, aconsejaron a esas empresas sostener su posición y argumentos hace dos años cuando una negociación hubiera sido posible? ¿No se provocó, desde la prepotencia, la conversión del tema de la Oxy en un fetiche político tan poderoso como para generar más de una candidatura presidencial? La decisión de declarar la caducidad del contrato de Occidental, tomada la semana pasada por el Gobierno ecuatoriano, estaba prevista en el contrato de participación entre esa compañía y el Estado.
Hay quienes aseguran que existían decenas de causas para esa declaración, pero la de la transferencia de acciones sin autorización es evidente y también suficiente para que -en cumplimiento del contrato y la ley- se haya declarado la caducidad. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Solo importa la seguridad jurídica cuando se usa para proteger inversiones, impedir cambios tributarios o asegurar utilidades para los grandes capitales internacionales? ¿Qué hará el Gobierno ahora con esta decisión? El Ecuador no se ha caracterizado por un manejo responsable del petróleo: desde el endeudamiento de la época del boom, pasando por la costumbre del despilfarro, hasta llegar a la última decisión del Congreso de considerarlo ingreso corriente, podríamos identificar un patrón que hoy preocupa. Según los nuevos porcentajes de participación luego de la reforma legal, y ahora con la operación del bloque 15, se calcula que el Gobierno recibiría $2 400 millones adicionales.
¿Cómo se invertirán? ¿Quién y bajo qué principios decidirán su asignación? ¿Hemos decidido los ecuatorianos sobre el destino que queremos darle a estos ingresos? ¿Servirán para financiar campañas, salvar cabezas o recomponer mafias? Vigilar este manejo es una tarea urgente.
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