Imposible perder

Publicado en revista La Otra

Poseer un medio de comunicación, ser columnista de opinión e incluso tuitear de vez en cuando, pueden dar una sensación de poder difícil de asimilar. Uno cree que puede decir cualquier cosa impunemente. Escribir, por ejemplo, que hay contenedores en la aduana con la nueva moneda del Ecuador, Fulano de Tal es drogadicto y asesino de lesa humanidad, el presidente de la Asamblea es un corrupto que debe ir a la cárcel, o el Mashi ordenó dar un tiro en el pecho a los traidores.

Si alguien reclama, mejor me río. Si insiste, apelo al espíritu de cuerpo para que mi versión prevalezca en la agenda mediática. Si se atreven a tomar medidas legales, saco a relucir el artículo 13 del Pacto de San José, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. No importa si me dicen que el mismo artículo 13 habla de responsabilidades ulteriores fijadas por la ley, necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Puedo argumentar que las leyes vigentes van contra la tendencia internacional que despenaliza los delitos de opinión, y pretender que me juzguen con leyes que no existen en este país. Con esa bandera podré desviar el tema y negarme a acatar las leyes vigentes.

No importa que el artículo 11 del Pacto de San José proclame el derecho a la honra y el reconocimiento de la dignidad, y que toda persona tenga derecho a la protección de la ley contra injerencias o ataques. Bastará asumir el rol de víctima y clamar por la libertad de expresión. Mentir si es necesario, y si me descubren, evadir el tema y sacar una nueva mentira.

La mano debe ser más rápida que el ojo. En redes sociales encontraré opositores dispuestos a hacerse eco de cualquier cosa, a aprovechar mi caso para mantenerse vigentes, aunque sea con críticas y tergiversaciones. Alguno dirá que si me meten preso, le cerrarán el twitter a todos, y la espiral de mentiras llegará a otros medios.

Una vez que mi discurso esté posicionado, el cielo es el límite. Si quiero sacar del país a una menor de edad sin autorización de ambos padres y no me dejan, en vez de decir que la ley vigente no lo permite, diré que se trata de una persecución política. Si acuso a alguien de ser ladrón o asesino, jamás reconoceré que se me demanda por un delito tipificado en nuestras leyes vigentes. Diré que el Mashi nos quiere poner una mordaza para que nadie pueda opinar, que me persiguen por defender las libertades y que hay que apoyarme aunque esté equivocado.

Si evado impuestos, destruyo propiedad pública, agredo a policías, o convoco a la gente para que salga armada a defender mis intereses, más le vale al Gobierno dejarme en paz. Las leyes no pararán mis excesos e ilegalidades, y si no me favorecen, encontraré a algún propietario de medio o periodista “independiente” que coincida conmigo y esté dispuesto a linchar mediáticamente a jueces o abogados.

Si nada de eso funciona y la justicia me obliga a responsabilizarme por mis actos, aún podré buscar instancias internacionales, tratar de tumbar al Gobierno, decir que los jueces son corruptos, hacerme el gringo, huir sin considerar a los acomedidos que se metan en líos por apoyarme, aprovechar la popularidad para alguna candidatura… El cielo es el límite incluso para evadir la responsabilidad. Nada de rectificar o asumir la responsabilidad de mis actos, porque si lo hago, los lectores empezarán a sospechar que los periodistas, dueños de medios y articulistas de opinión, no somos intocables.